LEY SEGUNDA OPORTUNIDAD

Pasos para que los autónomos accedan a la Ley de Segunda Oportunidad.

Los autónomos que quieran acceder a la Ley de Segunda Oportunidad deben cumplir los requisitos y seguir un determinado procedimiento para lograr la exención de parte o la totalidad de sus deudas. Éstos son los pasos.

 Pasos para que los autónomos accedan a la Ley de Segunda Oportunidad y queden liberados de deudas

22/05/23 – 00:05

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo que permite a las personas físicas cancelar su endeudamiento para salir a flote. En los últimos años, son cada vez más los casos en los que la Justicia libera a los autónomos y pequeños empresarios de sus deudas con acreedores. De hecho, hay casos en los que se han llegado a exonerar pasivos de más de un millón de euros.

Crece cada vez más el número de autónomos en crisis que se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad

El mecanismo de Segunda Oportunidad ya llevaba más de ocho años en marcha. En este tiempo, los negocios y particulares con deudas que están utilizando esta nueva norma son cada vez más, sobre todo a raíz de la reforma de la Ley, que tuvo lugar en septiembre de 2022 y que facilitó el acceso a esta herramienta flexibilizando las condiciones y aumentando la cuantía de deudas exonerables con la Administración pública.

A día de hoy, los autónomos pueden llegar a quedar exonerados de hasta 10.000 euros con Hacienda y otros 10.000 con Seguridad Social. Tanto esta exoneración de deuda pública como las condonaciones de obligaciones con acreedores privados tienen como requisito haberse acogido a la Ley de Segunda oportunidad.

Y para acceder a este mecanismo, los autónomos tienen que cumplir una serie de requisitos y seguir un determinado cauce que marca la normativa. Según Juan Carlos Robles, del Registro de Economistas Forenses (REFOR) del Consejo General de Economistas (CGE), este procedimiento se podría resumir en cuatro pasos: iniciar un concurso, documentar la situación de insolvencia y la necesidad de acceder a la exoneración de deudas; presentar la solicitud de acceso a un juzgado de lo mercantil y esperar la resolución.

Cuatro pasos para acceder a la Ley de Segunda Oportunidad y quedar liberado de deudas 

Lo más importante a tener en cuenta de cara a acceder a la Segunda Oportunidad es que este mecanismo es inseparable del concurso de acreedores. Dicho de otro modo: sin haber iniciado un concurso de acreedores, un autónomo no puede lograr una quita de sus deudas ni con la Administración, ni con otro acreedor. 

Este concurso permite certificar la insolvencia del negocio, que será necesaria para solicitar el inicio del procedimiento de segunda oportunidad. Por lo tanto, sería éste el primer paso para acceder a la exoneración de deuda pública.

1. Iniciar un concurso de acreedores o acceder a la plataforma concursal para micropymes

Para acceder a la Ley de Segunda Oportunidad hay que iniciar un concurso de acreedores. Sin embargo, esto no quiere decir que sea necesario perder todas las propiedades. «Una de las novedades más importantes es que ya no será necesario liquidar todos los bienes para poder acceder a la segunda oportunidad. Si el autónomo necesita, por ejemplo, una nave para trabajar, puede presentar un plan de pagos a futuro con el que se compromete a saldar sus deudas y acceder igualmente a las quitas de parte de sus obligaciones», explicó el experto del REFOR de CGE.

Además, se ha puesto en marcha un procedimiento específico y muy sencillo para negocios de menos de 10 empleados, que se realizará a través de un test digital y que el empresario deberá autocompletar.​ Desde el pasado 9 de enero, miles de autónomos y pequeños negocios podrán utilizar la nueva plataforma concursal para que las micropymes -aquellas con menos de diez empleados y con una facturación inferior a los dos millones de euros- y trabajadores por cuenta propia puedan comunicarse directamente con los juzgados mercantiles en los casos en los que necesiten acudir a un concurso de acreedores. 

La principal novedad que aporta esta plataforma para los autónomos y las micropymes es que permitirá, tanto a deudores como a acreedores, comunicarse de manera directa con los juzgados mercantiles. Una funcionalidad que pretende servir para agilizar los trámites en los concursos de acreedores de los negocios más pequeños, y que más suelen sufrir la dilatación de los plazos en estas situaciones.

Para iniciar este tipo de procedimiento abreviado, los autónomos tienen que cumplir dos requisitos: que en el año anterior a la solicitud hayan empleado a una media de menos de diez trabajadores, y que hayan tenido un volumen de negocio inferior a 700.000 euros y un pasivo inferior a 350.000 euros durante el año anterior. 

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Los autónomos y micropymes que cumplan estas condiciones tendrán acceso a una plataforma electrónica de liquidación de bienes, que estará enlazada al Punto de Acceso General de la Administración de Justicia. Ésta posibilita direccionar los distintos formularios normalizados, de modo que la información llegue y pueda almacenarse por el Registro mercantil o por el juzgado competente, y publicará la información en estándares abiertos y reutilizables. 

En caso de que el autónomo no pueda acceder a esta plataforma, siempre podrá llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos o iniciar un concurso de acreedores voluntario, con el que se llegará a un acuerdo y se liquidarán determinados bienes para cubrir deudas. 

2. Aportar la documentación necesaria y solicitar acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

La segunda oportunidad se inicia, para los autónomos persona física, realizando una solicitud dirigida al notario. Si se trata de una empresa, hay que dirigir la solicitud al Registro Mercantil.

El contenido de la solicitud debe informar claramente sobre la mala situación que atraviesa el negocio, así como de las deudas e ingresos con los que cuenta el autónomo. Por ello será necesaria la aportación de bastante documentación.

Según el despacho Noguerola Abogados, en la solicitud, el autónomo deberá incluir los siguientes conceptos: 

  • El tipo de insolvencia que atraviesa
  • Los hechos de los que deriva su situación de insolvencia.
  • El importe global aproximado de las cantidades que adeuda.
  • La estimación de los bienes y derechos que tiene.
  • Si se ha producido un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores o un acuerdo extrajudicial de refinanciación homologado
  • Si, en el momento en el que realiza la solicitud, está negociando con los acreedores
  • El inventario de bienes y derechos que tiene  justificados con la aportación de documentación como el certificado de rentas; un certificado en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo, si las tiene; o.si eres autónomo, y estuvieras percibiendo la prestación por cese de actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el que figure la cuantía mensual percibida, entre otros documentos. 
  • Las cuentas bancarias de las que sea titular y los correspondientes certificados de la entidad bancaria
  • El capital mobiliario que tiene y los correspondientes certificados de la entidad bancaria
  • Los bienes inmuebles de los que eres titula y los certificados de dominio y cargas o gravámenes expedidos por el Registro de la Propiedad, así como las escrituras de compraventa de la vivienda habitual y de constitución de la garantía hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantías reales o personales constituidas, si las hubiere.
  • Los bienes muebles de los que sea titular, junto con un anexo adjunto con la descripción de cada bien, identificando respecto de cada bien, su tipo, nº de matrícula o registro y fecha de adquisición.
  • Una relación de todos sus acreedores, en donde se detallen todos los datos relativos a las deudas con cada uno de ellos, incluyendo fechas de vencimiento, obligaciones y demás conceptos a tener en cuenta,
  • La relación de los contratos en vigor y la copia original de los mismos o, en su defecto, copia fehaciente.
  • La relación de gastos mensuales que se prevea
  • Los trabajadores que tenga a su cargo, en su caso

Una vez presentada la solicitud con el asesoramiento de algún experto, según el despacho ‘Nogueral abogados’habrá que «acudir con la solicitud y todos los documentos requeridos ante el Notario, si se es persona natural, o ante el Registrador, para el caso de ser empresario. Allí, se expedirá una Acta, bien notarial, bien registral, que, tras firmarla, permitirá al Notario o Registrador iniciar el procedimiento».

3. Solicitar el comienzo de la exoneración ante el juzgado de lo mercantil

El proceso de segunda oportunidad comienza pues con la solicitud dirigida al Juzgado de lo mercantil: sea el deudor autónomo o no. El contenido de la solicitud debe ser detallado y claro sobre la situación personal del deudor, el cumplimiento de los requisitos, el tipo de insolvencia y los ingresos disponibles, por lo que siempre debería hacerse con un experto.

Tramitada la solicitud con los documentos que acrediten la situación del deudor y sus posibilidades, se inicia la fase judicial donde el deudor podrá elegir entre la exoneración con liquidación de activo o sin liquidación pero con plan de pagos.

4. Resolución del juzgado

En base a lo que se solicite, el juez dictaminará si el deudor tiene derecho o no a acceder a la segunda oportunidad e incluso qué porcentaje de la deuda puede ser exonerada

La exoneración se podrá hacer liquidando bienes o comprometiéndose a cumplir los pagos en parte o en su totalidad mediante un calendario de pagos. Este último punto puede ser especialmente interesante para los autónomos, ya que permite conservar determinados activos esenciales para poder seguir trabajando y, a la vez, quedar exonerados de parte de sus deudas

Requisitos generales para acceder a la Ley de Segunda Oportunidad

  • Tener más de un acreedor

La mayoría de los Tribunales y doctrina ponen como parte de los requisitos la existencia de al menos dos acreedores.

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¿Cuándo hay que contratar a un familiar como autónomo colaborador y cuándo como asalariado?

Es habitual que, por cercanía o confianza, un autónomo decida contratar a un familiar en su propio negocio. Los expertos aseguraron que las dudas sobre este tipo de contratos son bastantes frecuentes. El abogado Javier González Rivas afirmó que un trabajador por cuenta propia puede tener como empleado a un pariente. Sin embargo, en determinados supuestos es necesario contratar a los familiares como asalariados y, en otros casos, es posible la figura del autónomo colaborador.

“Un autónomo puede contratar a un familiar. Las condiciones cambiarán dependiendo de su grado consanguinidad o edad. Esto determinará si es un autónomo colaborador o, en su defecto, un asalariado más”, explicó González Rivas.

En el caso de querer contratar a un familiar de primer grado, como es el cónyuge, los hijos, padres o suegros, o bien de segundo grado, como hermanos, nietos, abuelos o cuñados; “el autónomo ha de incorporarlo a su plantilla como familiar colaborador”, añadió el letrado. El experto recalcó que no pueden darse de alta en el Régimen General de la Seguridad Social – según el Estatuto del Trabajador – con estos grados de parentesco.

El artículo 35 de la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo (LETA) recoge que un autónomo colaborador es aquel cónyuge o pariente – hasta un segundo grado de consanguinidad – que es contratado por un trabajador por cuenta propia. Cuando un trabajador por cuenta propia incorpora a su negocio o actividad a un familiar directo, explica el LETA, este “ha de cotizar a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) como autónomo colaborador”. Tanto la normativa laboral como la Seguridad Social considera a los trabajadores familiares como parte del negocio. Es decir, si un autónomo contrata a su esposa en su cafetería o pequeño comercio – a pesar de recibir una compensación económica por su desempeño – se considera que también acarrea los riesgos de la actividad. Dado que la normativa entiende la existencia de un fondo común que actúa como sostén económico de la unidad familiar. Cabe destacar, que este tipo de autónomos no están obligados a hacer la declaración trimestral del IVA ni el pago fraccionado del IRPF. Estas obligaciones fiscales son competencia para el autónomo titular del negocio.

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¿Y en qué casos un autónomo debe contratar a un familiar de primer o segundo grado como asalariado?

El abogado aseguró que la legislación vigente contempla una serie de excepciones que permiten a un autónomo contratar a un familiar como asalariado. A pesar del grado de parentesco, el trabajador por cuenta propia deberá demostrarlo si llega el momento de hacerlo.

Para contratar a un familiar de primer o segundo grado de consanguinidad como trabajador por cuenta ajena, se debe demostrar que “no existe convivencia ni dependencia económica entre el autónomo titular y su o sus familiares”, especificó González Rivas. En este caso, si la Tesorería lo solicita, el autónomo de deberá presentar el contrato laboral, el salario que percibe, el tipo de jornada, la categoría profesional y demostrar que no existe convivencia alguna. “No se considera relación laboral cuando hay convivencia entre el trabajador por cuenta propia  y sus familiares, haya o no dependencia económica”, matizó el letrado.

Los hijos menores de 30 años pueden ser contratados como asalariados

En la normativa legal en derecho laboral se establece que un autónomo titular puede contratar como trabajador por cuenta ajena a los hijos menores de 30 años, aunque convivan juntos. Eso sí, el asalariado recibirá todas las prestaciones de la Seguridad Social a excepción de la de desempleo. Así las cosas, el afiliado al RETA que tenga un hijo menor de 30 años tiene la opción de incorporarlo a su equipo de trabajo como autónomo colaborador o como trabajador por cuenta ajena.

¿Y si el autónomo contrata como familiar colaborador a parientes de tercer grado o más?

En los casos en los que un autónomo titular contrate a familiares de tercer grado de parentesco tiene que hacerlo bajo la figura del trabajador por cuenta ajena y no como autónomo colaborador. Es más, si se opta por el régimen por cuenta propia, el trabajador por cuenta propia tendrá que demostrar ante la Seguridad Social que esos familiares son realmente autónomos. Seconsideran familiares de tercer grado a los sobrinos, tíos, bisnietos, entre otros.

¿Qué obligaciones fiscales tiene un autónomo colaborador?

Las obligaciones fiscales de un colaborador son diferentes a las de cualquier otro autónomo. La diferencia está en que para la Seguridad Social forman parte del RETA, pero para la Agencia Tributaria son trabajadores por cuenta ajena. Debido a esto un autónomo colaborador tiene una nómina y su actividad tributa como rendimiento derivado del trabajo – igual que un asalariado – y no como actividad económica – como cualquier otro autónomo. Esto implica que los autónomos colaboradores no tienen la obligación de presentar las declaraciones trimestrales de IVA u IRPF. Solamente tendrán que presentar la declaración anual de la renta como cualquier otro asalariado

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La Hostelería ante el temor de una nueva crisis: se está contratando hasta un 35% menos en algunas CCAA

“No contratamos personal porque tenemos miedo a padecer de nuevo una crisis como la que sufrimos en el 2008”, aseguró Thor Rodríguez, presidente de la Asociación de Hostelería de Compostela. La firma de contratos en la hostelería se redujo de media en el primer trimestre del año en un 20% según un informe elaborado por Randstad. En algunas Comunidades Autónomas como Extremadura, cayó hasta el 34,9%.

La hostelería generó 754.545 puestos de empleo en el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 19,9% respecto al mismo periodo del año anterior, en el que se firmaron 941.904 contratos según el análisis elaborado por Randstad.

“Los hosteleros no estamos contratando por que ya percibimos un retroceso del consumo”, explicó Rodríguez. El hostelero afirmó que desde principios de año las familias han perdido poder adquisitivo y ya no gastan tanto en ocio o comer fuera de casa. “Es un reflejo de lo que ocurrió en la crisis del 2008. Las familias, por las graves consecuencias de la inflación y el aumento de costes energéticos, ya no tienen margen para poder ir a un restaurante o una cafetería”, añadió el presidente de la asociación.

El hostelero aseguró que en ciudades como Santiago de Compostela cada año se rompen los récords de visitas, pero que esto no se traduce en ventas en los negocios locales. “Antes un cliente iba a un bar y se tomaba una copa, ahora elige una cerveza porque es más barato. Los consumidores recortan también en la cantidad de platos que piden: ya no se pide postre”, comentó.

La contención del gasto en las familias supone un varapalo para un sector al que – al igual que al resto de negocios españoles – “la actual crisis de precios está asfixiando”. Sin embargo, “en el caso de la hostelería la falta de ingresos se acentúa por los factores de temporalidad”, aseguró Rodríguez. Dependiendo del territorio, «hay meses en los que la actividad es prácticamente nula. Sumas todos los factores y el resultado es negativo«, sopesó el presidente de la asociación. 

“Nos preocupa que las familias tengan el mismo sueldo y que con la inflación gasten menos en nuestros bares y restaurantes. Nos preocupa que los productores de leche estén dando por perdidas sus explotaciones y al haber menos producto se encarezca. Como en este caso, sucede en muchas otras materias primas indispensables para la hostelería”, detalló el representante de los hosteleros. “Parece que se junta todo, la crisis por la pandemia; la guerra de Ucrania y sus consecuencias; y una sequía extrema. Todo eso afecta a nuestros pilares: energía para encender los fogones y los productos frescos”, añadió Rodríguez.

Al otro lado de España, en la Costa del Sol, el hostelero Jorge Yagüe coincidió con Rodríguez. “Tenemos miedo. Suben los salarios, suben los costes, los alquileres, suben las facturas y el cliente gasta menos ¿Cómo puedo tener más empleados en mi negocio si no genero ingresos?”, afirmó el autónomo malagueño.

Para Yagüe esto también son síntomas muy similares a la crisis del 2008. “No queremos tener que despedir o cerrar. Preferimos luchar y aguantar esta crisis antes que cometer el error de enduradnos más como ocurrió en la última crisis”.

“Cada día vemos más turismo, pero de peor calidad. La gente alquila apartamentos y cocina en ellos. No van a hoteles y luego a comer a la calle. Algo que entiendo perfectamente. A todos nos está doliendo el bolsillo”, concluyó Yagüe.

Los autónomos pueden contratar a un empleado menos de 30 días si se incrementa su actividad

Los hosteleros aseguran que no aumentarán su plantilla pero tampoco despedirán

El hostelero Jorge Yagüe indicó que los costes sociales es uno de los principales frenos a la contratación. Sin embargo, el trabajador por cuenta propia valoró que el sector está haciendo “grandes esfuerzos” por no reducir sus plantillas. “No pensamos en despedir a nadie. El problema es que no podemos dar puestos de trabajo en los momentos más álgidos de la temporada. Cuando realmente necesitas un trabajador no lo puedes tener por los costes sociales. Yo no quiero despedir a nadie, quiero formar un buen equipo”, aseveró el autónomo.

 “Una pieza de carne que antes valía 9 euros el kilo, ahora vale 15. El aceite de girasol, que antes valía el bidón 50 euros, ahora vale 90 más el IVA. No sé qué hacer, si subo el precio no vendrá nadie a comer a mi restaurante y si lo bajo no tendré ni para pagar la factura de luz. Estamos muertos de miedo, y eso que no me he puesto a hablar de impuestos. Todo esto se acabaría si las cotizaciones de mis empleados dejasen de superar su nómina o que las Administraciones me quitarán un 25% de los beneficios. Necesito ese dinero para abrir la persiana todos los días”, concluyó el trabajador por cuenta propia.

Cae la contratación en todas los Comunidades Autónomas

Durante los tres primeros meses del año, la contratación en la hostelería ha bajado en todas las comunidades autónomas, situando la media nacional en un descenso del 19,9%.

En concreto, Canarias (-9%), Euskadi (-11,3%) y Cataluña (-12,4%) fueron las comunidades que registraron las caídas «más discretas» con respecto al año pasado. Por debajo de la media nacional también se situaron Baleares (-13,8%), Madrid (-14,3%), Castilla y León (-16,7%), Aragón (- 17,5%) y Galicia (-18,2%).

Con descensos superiores a la tasa nacional se encontraron Comunidad Valenciana (-21%), La Rioja (-23,2%), Navarra (-23,2%), Asturias (-24,8%), la Región de Murcia (-27,4%) y Andalucía (-28,1%), mientras que las caídas más pronunciadas, mayores al 30%, se registraron en Castilla-La Mancha (-30%), Cantabria (-30,7%) y Extremadura (-34,9%).

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Esto es lo que cobrarán de prestación las autónomas con los nuevos casos de baja recién aprobados

Tras la entrada en vigor, el pasado 28 de febrero, de la ley de salud sexual, las mujeres autónomas tienen derecho a acogerse a tres nuevas prestaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes. Se trata de bajas por menstruación incapacitante secundaria, por interrupción del embarazo o por gestación de la mujer trabajadora desde el primer día de la trigésimo novena semana de embarazo. 

Meses después de su puesta en marcha, la Seguridad Social se ha pronunciado sobre las cuantías de cada prestación, a través del último boletín de noticias RED. Dependiendo de cada una, el porcentaje de su base de cotización que las mujeres autónomas -y las asalariadas- recibirán cuando causen baja médica por cualquiera de estas condiciones será diferente. 

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Además, “las nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal tienen la consideración de baja por contingencias comunes. Por tanto, la emisión de los partes de baja, confirmación y alta corresponderá en todo caso al Servicio Público de Salud al que esté vinculado el beneficiario en función de su domicilio. Económicamente, serán a cargo de la entidad que proteja la contingencia común de los autónomos o los asalariados”, explicaron desde la Tesorería. 

Estas son las cuantías de las nuevas prestaciones por baja médica para las mujeres autónomas 

Menstruación incapacitante secundaria 

Las mujeres que sufran una menstruación incapacitante secundaria tendrán derecho a solicitar una baja por contingencias comunes. Tomando como referencia datos de Statista, se trata de una dolencia que afecta al 1,4% de las mujeres españolas. Extrapolando esta cifra al colectivo de autónomos, alrededor de 20.000 trabajadoras por cuenta propia podrán solicitar a su mutua la baja por este motivo.  

Tal y como explicaron desde la Seguridad Social, la cuantía para esta prestación ascenderá al 60% de la base de cotización durante los 20 primeros días de baja, ascendiendo al 75% a partir del día siguiente. Para solicitar esta baja, es necesaria la prescripción de un médico, y no se requiere periodo mínimo de cotización.  

Por ejemplo, en el caso de una autónoma en la base mínima general, 950,98 euros, su prestación por incapacidad temporal debido al dolor menstrual ascendería, diariamente, a la parte proporcional de 570,59 euros al mes (19,01 euros) durante las primeras tres semanas de baja, y a 713,23 euros a partir de dicha fecha (23,77 euros).  

Sin embargo, la situación más corriente sería que este tipo de bajas médicas no se extendieran en el tiempo más allá de unos días, lo correspondiente a la duración natural de la menstruación. Así, si la incapacidad temporal durase una semana, una trabajadora por cuenta propia en la base mínima general sólo cobraría alrededor de 130 euros de prestación. Obviamente, cuanto más alta sea la base por la que cotiza mayor será la prestación.

Interrupción del embarazo 

En el caso de las mujeres que sufran una interrupción del embarazo –sea o no sea voluntaria-, las prestaciones a las que tienen acceso las trabajadoras por cuenta propia dependiendo de si la causa del aborto se encuentra en el desarrollo de su actividad o, por el contrario, se ha producido de forma natural.  

En este último caso, la cuantía de la prestación será del 100% de su base de cotización durante el primer día; del 60% de la base entre el segundo y el vigésimo día; y del 75% a partir del vigesimoprimero. Utilizando el ejemplo anterior, la autónoma percibiría la parte proporcional al 100% de su base durante la primera jornada de baja, 31,69 euros. A partir de aquí, cobraría diariamente las mismas cantidades que en el caso de la baja por dolor menstrual.  

Por otro lado, en el caso de que la causa de la interrupción del embarazo se encuentre en la actividad de la mujer autónoma, su prestación sería del 100% de la base de cotización durante el primer día y del 75% directamente desde el segundo.  

Al igual que en el caso de la baja por menstruación incapacitante secundaria, las trabajadoras por cuenta propia que se acojan a esta incapacidad temporal deberán hacerlo por prescripción médica. Para cobrar la prestación, tampoco se requiere un periodo mínimo cotizado, tal y como explicaron desde la Seguridad Social.  

Gestación de la mujer trabajadora a partir de la trigésimo novena semana de embarazo 

En el caso de la última nueva baja por contingencias comunes a la que pueden acogerse las mujeres autónomas, afecta a todas las embarazadas a partir de trigésimo novena semana de gestación. Es decir, una fecha muy cercana a los nueve meses naturales, por lo que se trata de una prestación pensada para las trabajadoras que vivan un retraso en el parto.  

Para acogerse a esta prestación, a diferencia de las otras dos, sí es necesario contar con un periodo mínimo de cotización. En concreto, 180 días dentro de los siete años inmediatamente anteriores, o 365 días a lo largo de su vida laboral, tal y como se recoge en el artículo 178.1 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). 

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Con respecto a las cuantías, las prestaciones para las autónomas embarazadas ascienden al 100% de su base de cotización durante el primer día; al 60% desde el segundo hasta el vigésimo; y al 75% a partir del día número 21.  

Tomando como referencia la base mínima (950 euros), una mujer autónoma percibiría, desde la trigésimo novena semana de embarazo hasta que se produzca el parto, las siguientes cantidades: 31,69 euros el primer día; 19,01 euros diarios entre el segundo y el vigésimo; y 23,77 euros diarios a partir de dicha fecha hasta el momento de dar a luz

  • Ser deudor de buena fe

Se exige que el deudor sea de buena fe para poder acceder a la Ley de Segunda Oportunidad. Por ejemplo, no puede haber sido declarado culpable en la sentencia de calificación del concurso de un tercero c

  • Haber pagado algunos créditos especiales y un 25% de los ordinarios

Los autónomos que quieran beneficiarse de la exoneración de deudas públicas -o cualquier otra quita- tendrán que haber pagado antes los créditos contra la masa, que son todos los que se generan después del concurso de acreedores,  y también los créditos privilegiados, que son el tipo de deuda que tiene mayor preferencia a la hora de cobrar el dinero pendiente. Estos últimos son normalmente los que tienen vinculado algún bien del deudor (la casa, el coche, etc.) como garantía en caso de impago

Además, el autónomo tendrá que haber abonado ya, como mínimo, un 25% del total de sus créditos ordinarios, es decir los que no son privilegiados ni contra la masa, si quiere acceder a una quita. 

  • No tener condenas por delitos económicos o similares 

Otro de los requisitos más importantes para acceder a la Ley de Segunda Oportunidad es que el deudor, en este caso el autónomo, no haya sido declarado culpable por delitos económicos o sociales. ni tampoco tenga condenas previas por delitos contra: patrimonio, falsedad documental, Hacienda Pública, Seguridad Social o derechos de los trabajadores. Se tendrán en cuenta los últimos 10 años

  • No haber acudido a la Ley de Segunda Oportunidad en los diez años previos

Los autónomos que quieran acceder a una exoneración de deudas con Hacienda y Seguridad Social, o con cualquier otro proveedor tampoco podrán haber recurrido a este mecanismo en los diez años previos a la solicitud.  

Requisitos específicos para acceder a la exoneración de deudas públicas

Además de este procedimiento, para poder acceder a la exoneración de deudas públicas habrá que cumplir determinadas condiciones. La mayoría de los requisitos que deben cumplir los trabajadores por cuenta propia para acceder a la nueva exoneración han quedado más o menos intactos y serían muy similares a los que ya estaban vigentes para las quitas de deuda privada.  La diferencia más importante de estas nuevas quitas respecto a las que ya estaban previstas es que, cuando el acreedor es Hacienda o la Seguridad Social, las exoneraciones de las deudas que tienen los autónomos serán sólo de un 50% del total adeudado con la Administración y sin poder superar 10.000 euros por entidad. Es decir, que el trabajador por cuenta propia sólo podría alcanzar el máximo de 20.000 euros de exoneración de deudas públicas si tuviera obligaciones pendientes por valor de más de 20.000 euros con Hacienda y de más de 20.000 euros con la Seguridad Social.